AC4850-2017

Radicación n° 15238-31-84-001-2012-00120-01


Bogotá, D.C., primero (1°) de agosto de dos mil diecisiete (2017).


Decídese sobre la admisión del recurso de casación interpuesto por Flor de Mariela Torres de Manrique, Yady Juliana, Martha Fabiola, José Fernando, Giovanna Andrea, Ana Consuelo y Luz Oneida Manrique Torres, frente a la sentencia de 30 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala Única, en el proceso que en su contra instauraron Rosa Elvira, María del Carmen y José Miguel Manrique Montañez.


ANTECEDENTES


1. Se promovió causa para que se declarara que Rosa Elvira, María del Carmen y José Miguel Manrique Montañez eran hijos extramatrimoniales del extinto Cenón Manrique Pinto y, en consecuencia, se reconociera su «vocación hereditaria para suceder a su padre ya fallecido, sobre todos los bienes dejados (…) al momento de su muerte», el cual fue conocido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama (Boyacá) y concluyó con fallo de 19 de mayo de 2016, en el cual se negaron las súplicas de la demanda (folios 398 a 401, cuaderno 1).


2. Se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, desatado el 30 de marzo de 2017, en el cual se revocó la providencia recurrida, para en su lugar, acceder, de forma parcial, a las pretensiones (folios 99 a 102 vuelto, cuaderno 3).


3. Los demandados solicitaron la casación de la sentencia, los días 5 y 6 de abril de la anualidad que avanza.


4. Por proveído de 23 de mayo de 2017 se concedió el mecanismo extraordinario, sin referir el tema del carácter ejecutable de la decisión o la expedición de copias (folios 116 a 118 ibídem).


CONSIDERACIONES


1. El recurso de casación tiene la condición de extraordinario, en tanto no pretende una revisión del asunto en litigio, sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, la unificación de la jurisprudencia, la protección de los derechos constitucional, la eficacia de los tratados internacionales, el control de legalidad de los fallos, y la reparación del agravio inferido a las partes por la sentencia atacada, en los términos del artículo 333 del Código General del Proceso.


Por esta naturaleza, la normatividad ha establecido requisitos rigurosos para su interposición, concesión y admisión, los cuales son de imperativa observancia, sin que su desconocimiento pueda ser consentido, salvo en los casos permitidos por la misma ley.


2. En punto a la admisibilidad de la impugnación, el artículo 342 ibidem establece que deben verificarse, entre otros requerimientos, que se hayan cancelado las reproducciones de la foliatura, en los eventos que la decisión judicial contenga resoluciones ejecutables, en orden a permitir su cumplimiento.


Tal exigencia tiene como objetivo evitar que, mientras se despacha el recurso, el proveído cuestionado quede en suspenso y no pueda ser obedecido, bajo la consideración que el debate de instancia se cerró en el segundo grado. De hecho, Mario Cappeletti considera que una vez se profiere el fallo de alzada, el mismo hace tránsito a cosa juzgada, sin perjuicio de las resultas de los instrumentos excepcionales1.


Claro está, la ejecución puede ser suspendida a petición del actor, para lo cual, al interponerse el recurso, deberá ofrecer constituir una caución que ampare a su contraparte por los perjuicios que puedan derivarse de tal solicitud (artículo 341 idem).


Ahora bien, para que pueda obedecerse lo decidido por el ad quem, es menester que se reproduzca el expediente, a costa del impugnante, de suerte que el órgano judicial competente tome las medidas necesarias para la ejecución, mientras el caso es objeto de conocimiento por la Corte.


Así lo prescribe el referido artículo 341 del Código General del Proceso, a saber:


La concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla, salvo cuando verse exclusivamente sobre el estado civil, o se trate de sentencia meramente declarativa, o cuando haya sido recurrida por ambas partes (…) En caso de providencias que contienen mandatos ejecutables o que deban cumplirse, el magistrado sustanciador, en el auto que conceda el recurso, expresamente reconocerá tal carácter y ordenará la expedición de las copias necesarias para su cumplimiento. El recurrente deberá suministrar las expensas respectivas dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene, so pena de que se declare desierto el recurso (…) (negrilla fuera de texto).


De acuerdo con la norma transcrita, los juzgadores de instancia tienen el deber de advertir sobre la presencia de decisiones que pueden cumplirse, con la orden de expedir las copias, lo cual deberá hacerse en la providencia de concesión del medio de defensa.


Nótese que el nuevo estatuto eliminó la carga consagrada en el derogado Código de Procedimiento Civil, según la cual «[s]i el tribunal no ordenó las copias y el recurrente las considera necesarias. Este deberá solicitar su expedición para lo cual suministrará lo indispensable…» (artículo 371), la cual había dado lugar a una sólida línea jurisprudencial que imponía a la parte interesada el deber de pedir, a mutuo propio, los duplicados, so pena de entenderse desierta la impugnación2. Las solicitudes posteriores al 1 de enero de 2016 deben analizarse a la luz de una regla diferente, precisamente en razón del cambio regulatorio, más aún si se tiene en cuenta que el deber de pagar las copias y las consecuencias de su omisión están condicionadas a la manifestación expresa del fallador de segundo grado.


La Corte, en vigencia del nuevo código, manifestó:


Así las cosas, en caso de que el fallador guarde silencio sobre ‘los mandatos ejecutables’ de la providencia, dicha inadvertencia en manera alguna puede derivar una consecuencia adversa para el recurrente, pues, la ley solo le traslada la obligación de sufragar el costo de las reproducciones cuando ellas son ordenadas, previa constatación del Tribunal respecto del linaje del fallo opugnado (AC3763, 17 jun. 2016, rad. n° 2014-00111-01, reiterado en providencias AC324, 26 en. 2017, rad. n° 1998-07501-01; AC6559, 29 sept. 2016, rad. n° 2014-00299-01).


3. Con base en las premisas expuestas y de cara al caso en análisis, se observa que el fallo impugnado es uno de aquellos que contiene mandatos ejecutables, sin que el Tribunal advirtiera sobre ello y ordenase la expedición de copias, actuación que deberá realizarse en este momento, en aplicación del principio de economía procesal.


En efecto, la sentencia de 30 de marzo de 2017, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, reconoció la calidad de descendiente de los reclamantes, y dispuso que:


TERCERO: La anterior declaración surte efectos patrimoniales frente a los demandados [Ana Consuelo, Yady Juliana y Giovanna Andrea Manrique Torres]…


(…)


QUINTO: DECLARAR que los demandantes (…), tienen vocación hereditaria en la sucesión de su progenitor (…), en igualdad de condiciones a los demandados, frente a quienes no operó la caducidad.


SEXTO: DECLARAR que la liquidación de la sucesión de [Cenón Manrique Pinto], tramitada ante la Notaría Segunda de Duitama, le es inoponible a los demandantes (…).


SÉPTIMO: ORDENA REHACER la partición de la sucesión de [Cenón Manrique Pinto]…


(…)


NOVENO: CONDENAR a los demandados [Ana Consuelo, Yady Juliana y Giovanna Andrea Manrique Torres] al pago de los frutos, pero tal condena sólo tendrá lugar a partir de la contestación de la demanda que [ellas] hicieran.


Significa que el proveído no circunscribió su análisis a la filiación de los demandantes, sino que estimó que ellos tenían un derecho hereditario connatural a su calidad, cuyo reconocimiento conllevaba la inoponibilidad de la sucesión notarial que efectuaron sus antagonistas, la rehechura del trabajo partitivo allí elaborado y, además, la condena a las demandadas Ana Consuelo, Yady Juliana y Giovanna Andrea Manrique Torres, de restituir los correspondientes frutos.


De allí que dicho fallo no tenga una naturaleza meramente declarativa, por el contrario, en la sentencia se reconoció una nueva situación jurídica, como es la relativa a la vocación hereditaria de los promotores, de la que se derivó el proferimiento de unas órdenes susceptibles de ejecutarse dentro de la causa respectiva.


Ante lo expuesto, de acuerdo con el artículo 341 ibidem, el juzgador de instancia, al conceder la casación el 23 de mayo de 2017, debió declarar su ejecutabilidad y, a costa de los recurrentes, pedir el pago de las copias del expediente, manifestaciones que descuellan por su ausencia. Esta omisión no fue objeto de impugnación o solicitud de complementación por ninguna de las partes, quienes simplemente fueron silentes frente a ella.


Ahora bien, dado que el trámite de la casación sólo puede llevarse a cabo previo agotamiento del anterior procedimiento, el cual debe satisfacerse antes del estudio de su admisibilidad, se hace necesario promoverlo directamente por esta Corporación, en aplicación del artículo 12 de la nueva codificación procesal.


Y es que, ante la ausencia de reglas para solventar el yerro anotado, tal anomia deberá superarse «…con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal…» (idem), uno de los cuales es precisamente la economía procesal, que impone «…realizar los fines del proceso con el mínimo de actos…»3. En la presente controversia, en lugar de devolver el proceso al Tribunal y aguardar al trámite, lo que supondría un mayor número de actuaciones, es posible ordenar su realización en esta etapa, por tratarse de un asunto de naturaleza secretarial.


       Esta Sala tiene dicho que «[l]a solución a la omisión del ad-quem, apelando a una interpretación pro-recurso y a la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, será la de señalar el carácter «ejecutable» del fallo y brindar la oportunidad respectiva para pagar las copias, so pena de la sanción procesal respectiva» (AC3763, 17 jun. 2016, rad. 2014-00111-01).


4.        Con fundamento en lo expuesto y como no existe ofrecimiento de prestar caución para impedir el cumplimiento de lo resuelto por el fallador de segundo grado, se declarará que la sentencia es susceptible de ser cumplida y se ordenará el pago de las expensas para las copias necesarias a dicho propósito (entre ellas, del libelo, subsanación, contestaciones, poderes otorgados por los litigantes a sus mandatarios judiciales) y su envío al funcionario de primer grado.


5.        Para no afectar a los recurrentes con una decisión que debió ser tomada por el Tribunal, la cual puede derivar en la declaratoria de deserción de la impugnación concedida, se dispondrá que el presente auto se notifique mediante anotación en estado y, además, comunique a los demandados y a sus apoderados por el medio más expedito y eficaz.


6. También se ordenará que por Secretaría se informe al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala Única, lo aquí determinado, remitiendo un ejemplar de la misma, para lo que estime pertinente.


DECISIÓN


       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve:


       Primero. Declarar que la sentencia de 30 de marzo de 2017, proferida dentro del proceso de la referencia, contiene mandatos ejecutables respecto a Giovanna Andrea, Ana Consuelo y Yady Juliana Manrique Torres.


Segundo. Disponer que los recurrentes, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, so pena de que se declare desierto el recurso de casación, suministren las expensas para tomar copia auténtica de la demanda, el escrito de subsanación, las contestaciones, los poderes otorgados por los contendientes a sus mandatarios judiciales, así como de las sentencias de primera y segunda instancia.


       Tercero. Comunicar al Tribunal de origen este proveído.


Cuarto. Ordenar que por Secretaría:


(i) Se computen los términos de rigor;


(ii) Se remitan las reproducciones, en el caso que sean pagadas a tiempo, al juzgado de primera instancia competente, para hacerse efectivo el cumplimiento de la sentencia;


(iii) Se deje la constancia en caso que no sean satisfechas las erogaciones aquí dispuestas;


(iv) Informar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil-Familia-Laboral, de esta determinación y remitirle copia de la misma; y


(v) Comunicar esta providencia a los impugnantes y a sus apoderados por el medio más expedito y eficaz.


Notifíquese.





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado



1 La Oralidad y las Pruebas en el proceso Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aíres, 1972, p. 382.

2 CSJ AC2965 17 may. 2016, radicación n° 73001-31-03-006-2010-00529-01, entre muchos otros.

3 Eduardo J. Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial B de F, Buenos Aires, 2007, p. 184.